A MICRÓFONO CERRADO
"JUSTICIA VERSUS POBREZA"
Aunque parezca noticia de
cualquier otro tiempo pasado, más de medio millón de murcianos se encuentran en
riesgo de pobreza, según un informe de la Red Europea contra la Exclusión
Social. En los últimos días, una vez más, esta desconcertante cifra ha vuelto a
suscitar la polémica, y a poner de manifiesto la preeminencia de una
ignominiosa negligencia -también la mía y me temo que la de tantos- ante el
asunto más decisivo de nuestra existencia como seres humanos que se precian de
serlo. Donde hay justicia no hay pobreza decía Confucio; no parece que hayamos
aprendido tan elemental lección de humanismo a lo largo de los siglos.
Pues lo crean o no, la maléfica cifra sigue creciendo; de facto, ha aumentado su volumen en más de 100.000 personas en la última década. Aunque algún optimista me puede argüir que, de 2016 a 2017, el porcentaje en riesgo de pobreza se ha reducido un 0,1%. De esta guisa, en la actualidad, la tasa ronda el 35% de la población, e incluso la Fundación Adecco la sitúa en el 66% de las familias monoparentales. Estos datos, a todas luces, resultan ominosos y vergonzantes. Que Murcia sea la cuarta comunidad con mayor población en riesgo de exclusión social, provoca tanta indignación que cabe preguntarse qué ha podido suceder en una sociedad como la nuestra para que se perpetúe la pobreza; ¿qué otra prioridad ha podido haber?, ¿qué otros problemas de mayor calado han figurado en la agenda regional durante cuarenta años de joven/vieja democracia?
El informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) refleja un panorama tan inaudito como desolador. Que la tasa de riesgo en la Región supere en más de ocho puntos a la de la media española (26,6%), debería estremecer las conciencias todas. En términos absolutos, 510.869 murcianos, 100.000 más que en 2008, se balancean en este abismo donde, si no se reacciona con urgencia, muchos han de caer para no levantarse ya, ni ellos ni sus hijos, porque la pobreza se hereda y se cronifica. Bien lo saben expertos en humanidad tan cualificados como la EAPN, Cáritas y Cruz Roja.
Y un año más, cuando se ha sentido que se aproximaba el aclamado Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, han vuelto a llover proclamas y apasionados brindis a la soleada solidaridad universal. En cualquier caso, no está de más que así sea, al menos un día entre 52 semanas perdido. En este sentido, no deja de ser muy significativo que los rectores de la Universidad de Murcia, José Luján, y de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz, reivindicaran al unísono un plan para luchar “de forma integral” contra la pobreza, y se posicionaran rotundamente a favor de un modelo económico “más equitativo”. A ambos les confío EAPN Región de Murcia la lectura del manifiesto conmemorativo del Día Internacional que jamás debió existir; su sola existencia prueba fehacientemente el fracaso de nuestro mal llamado desarrollo económico.
En este final de legislatura, España está atravesando por un periodo de incertidumbre que en nada va a beneficiar a las capas más desfavorecidas. Por desgracia, en Murcia se sufren las consecuencias de esa inestabilidad aun con mayor virulencia. Pero se debe reconocer que el Gobierno regional ha dado muestras inequívocas de afrontar la gravedad de la situación, y ha asignado un 8% del presupuesto a la lucha contra la pobreza, por encima de sus propios objetivos para este cuatrienio (que eran del 5%). En total, en 2018 se han destinado 365 millones de euros a tal fin. Y para tan loabilísimo fin, no es un mal principio elevar el presupuesto, aunque todavía resulte insuficiente. Tan insuficiente como la Renta Básica de Inserción, pese a haberse aumentado su cuantía en el último año de 300 a 430,27 euros. Es de esperar que se persevere en esa dirección.
Hay que recordar, a este respecto, que existe un Pacto de Lucha Contra La Pobreza y La Exclusión Social suscrito en 2015 por todos los partidos con representación en nuestro parlamento regional. En su alocución, los rectores reclamaron precisamente el cumplimiento de las medidas de este Pacto tan pomposo, firmado tres años atrás. Ambos abogaban asimismo por “cambiar los patrones insostenibles de consumo y producción, y tender a un modelo más inclusivo, equitativo y sostenible en Murcia, España, la Unión Europea y toda la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España y el planeta”. Al igual que ellos, fueron muchos los que el pasado 17 de octubre alzaron su voz contra la anacrónica plaga del siglo XXI.
Hablemos, por tanto, de
humanidad: la existencia a nuestro alrededor de una lacra que debería estar
extinguida hace décadas constituye un agravio para nuestra sacrosanta condición
humana. Tanto es así que hablar de pobreza en esta tierra, cuando ya se avistan
los felices años veinte del vigésimo primer siglo, debería implicar un
contrasentido o un error. Pero el horror/error de la pobreza sigue su curso
entre nosotros inexorablemente. Ante la estupefacción generalizada, muchos
miran hacia otro lado. Cada año, cuando se publican datos de este tenor,
reaparecen los gestos de desaprobación e incredulidad; cuesta creerlo, duele
más todavía.
Pues lo crean o no, la maléfica cifra sigue creciendo; de facto, ha aumentado su volumen en más de 100.000 personas en la última década. Aunque algún optimista me puede argüir que, de 2016 a 2017, el porcentaje en riesgo de pobreza se ha reducido un 0,1%. De esta guisa, en la actualidad, la tasa ronda el 35% de la población, e incluso la Fundación Adecco la sitúa en el 66% de las familias monoparentales. Estos datos, a todas luces, resultan ominosos y vergonzantes. Que Murcia sea la cuarta comunidad con mayor población en riesgo de exclusión social, provoca tanta indignación que cabe preguntarse qué ha podido suceder en una sociedad como la nuestra para que se perpetúe la pobreza; ¿qué otra prioridad ha podido haber?, ¿qué otros problemas de mayor calado han figurado en la agenda regional durante cuarenta años de joven/vieja democracia?
El informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) refleja un panorama tan inaudito como desolador. Que la tasa de riesgo en la Región supere en más de ocho puntos a la de la media española (26,6%), debería estremecer las conciencias todas. En términos absolutos, 510.869 murcianos, 100.000 más que en 2008, se balancean en este abismo donde, si no se reacciona con urgencia, muchos han de caer para no levantarse ya, ni ellos ni sus hijos, porque la pobreza se hereda y se cronifica. Bien lo saben expertos en humanidad tan cualificados como la EAPN, Cáritas y Cruz Roja.
Y un año más, cuando se ha sentido que se aproximaba el aclamado Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, han vuelto a llover proclamas y apasionados brindis a la soleada solidaridad universal. En cualquier caso, no está de más que así sea, al menos un día entre 52 semanas perdido. En este sentido, no deja de ser muy significativo que los rectores de la Universidad de Murcia, José Luján, y de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz, reivindicaran al unísono un plan para luchar “de forma integral” contra la pobreza, y se posicionaran rotundamente a favor de un modelo económico “más equitativo”. A ambos les confío EAPN Región de Murcia la lectura del manifiesto conmemorativo del Día Internacional que jamás debió existir; su sola existencia prueba fehacientemente el fracaso de nuestro mal llamado desarrollo económico.
En la Región, este desarrollo se traduce en el porvenir incierto de medio
millón de murcianos. Un progreso que pone en tela de juicio el futuro de tantos
ciudadanos, no debería suscitar ni el más mínimo envanecimiento. Constatar que
más de una tercera parte de la población murciana se halla en una situación de
vulnerabilidad, corrobora que el rumbo de nuestra recuperación económica no ha
sido el adecuado. Porque si lo ha sido, cómo se explica que casi cien mil
personas en la Región malvivan con menos de 355 euros al mes, y que nuestros
trabajadores ganen 250 euros mensuales menos que la media nacional (1.702,45
euros al cierre del primer semestre; para más inri, un 0,8% menos que en junio
de 2017). Con un tercio de nuestros conciudadanos en riesgo de exclusión y con
salarios de los más bajos de España (somos la tercera Comunidad, sólo por
detrás de Galicia y Extremadura), ¿qué clase de recuperación hemos generado?
En este final de legislatura, España está atravesando por un periodo de incertidumbre que en nada va a beneficiar a las capas más desfavorecidas. Por desgracia, en Murcia se sufren las consecuencias de esa inestabilidad aun con mayor virulencia. Pero se debe reconocer que el Gobierno regional ha dado muestras inequívocas de afrontar la gravedad de la situación, y ha asignado un 8% del presupuesto a la lucha contra la pobreza, por encima de sus propios objetivos para este cuatrienio (que eran del 5%). En total, en 2018 se han destinado 365 millones de euros a tal fin. Y para tan loabilísimo fin, no es un mal principio elevar el presupuesto, aunque todavía resulte insuficiente. Tan insuficiente como la Renta Básica de Inserción, pese a haberse aumentado su cuantía en el último año de 300 a 430,27 euros. Es de esperar que se persevere en esa dirección.
Hay que recordar, a este respecto, que existe un Pacto de Lucha Contra La Pobreza y La Exclusión Social suscrito en 2015 por todos los partidos con representación en nuestro parlamento regional. En su alocución, los rectores reclamaron precisamente el cumplimiento de las medidas de este Pacto tan pomposo, firmado tres años atrás. Ambos abogaban asimismo por “cambiar los patrones insostenibles de consumo y producción, y tender a un modelo más inclusivo, equitativo y sostenible en Murcia, España, la Unión Europea y toda la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España y el planeta”. Al igual que ellos, fueron muchos los que el pasado 17 de octubre alzaron su voz contra la anacrónica plaga del siglo XXI.
Mas, después de la
conmemoración del ‘Día que nunca debió existir’, ahora hay que pasar de la
delicuescencia de las palabras a la contundencia de los hechos; para que, entre
otros, los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas no queden en papel
mojado. Lo que lamentablemente no sorprendería a nadie. Como a ninguno le ha de
llamar la atención ni lo más mínimo que tampoco se cumpla la Estrategia 2020 de
la UE; sus metas en la reducción del número de personas en riesgo de exclusión
se columbran muy lejanas, también en nuestro país.
Resulta evidente que deben de
haber otras urgencias para que tamañas agendas y estrategias puedan sucumbir en
la ignominia de la ineficacia o en la desidia del olvido. Mera cuestión de
prioridades. Parafraseando al secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
hay que recordar lo obvio: la erradicación del virus de la pobreza no es una
cuestión de caridad sino de justicia.
